Ley de Autoridad del Profesorado

Esperanza Aguirre en comparecencia pública; Fuente: Google

 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,  anunciaba el pasado mes de septiembre que a los docentes se les considerará autoridad pública en su comunidad. Poco después, en noviembre, el anteproyecto de Ley de Autoridad del Profesorado era aprobado en el Consejo de Gobierno de esta Comunidad.   

Con la entrada en vigor de esta ley, que estaba prevista para esta misma primavera, la figura del profesor se vería fuertemente respaldada. De este modo,  si se agrede o amenaza a un docente, se cometería un atentado contra la autoridad, delito tipificado en los artículos 550 y 551 del Código Penal. También se les otorga el principio de veracidad, lo que permitirá que su palabra tenga más valor en caso de conflicto. En la misma línea de las medidas actuales, Aguirre ya puso en marcha en su comunidad el pasado año otras para reforzar la figura y la autoridad del docente. Aprobó el denominado «Decreto de Convivencia», que fijaba las normas generales por las que debía regirse el comportamiento de los alumnos en los centros educativos.    

También otras comunidades como La Rioja o la Comunidad Valenciana reconocían ya al docente como autoridad en sus decretos de convivencia, aunque con un rango menor al de ley. Por otro lado, Cataluña sí lo reconoce en su ley educativa, pero sólo a los directores. Además, la Fiscalía General del Estado (FGE) consideraba desde diciembre de 2008 que los profesores de los centros públicos tienen la condición de autoridad a efectos penales.  

La medida de dotar de más autoridad al profesorado fue llevada al Congreso por el grupo Popular el pasado mes de octubre. Juan Antonio Gómez Trinidad, diputado del PP, la presentó en la cámara como propuesta de ley. Gómez defendió que los profesores deben ganarse la autoridad en clase, pero recalcó que deben contar con instrumentos legales que les respalden en el ejercicio de sus funciones ante casos de violencia. Ante esta propuesta de ley los grupos parlamentarios del PSOE, CiU, PNV, ERC-IU-ICV se mostraron en contra, mientras que  UPyD apoyó la iniciativa de los populares. Aunque en el Congreso no fue sacada adelante, en los últimos meses algunas comunidades han hecho pública su intención de crear leyes similares a la de la Comunidad de Madrid. Este es el caso de la Consellería de Educación Gallega, que el pasado mes de Abril anunciaba la próxima creación de una ley para reforzar la autoridad del profesorado.  

Por su parte, las reacciones ante la publicación de Esperanza Aguirre no se hicieron esperar. El Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, aseguró ver con reticencias el hecho de otorgar autoridad pública a los docentes sin la aprobación del sector educativo y cree que es “complicada” desde el punto de vista administrativo. Por su parte, la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (CEAPA) cree que se trata de una “vuelta al pasado” y piden “medidas más concretas” y más urgentes, como la falta de formación de los profesores o la conciliación de la vida laboral y profesional de los padres. Del mismo modo, desde el sindicato de maestros y profesores ANPE afirman que esta ley era  una medida se ha estado reclamando desde hace mucho tiempo. Así lo muestra Consuelo Cubell, Secretaria de Comunicación de ANPE Valenica, que opina que esta ley  «siempre debe ir acompañada del apoyo y reconocimiento que los docentes necesitan».  

  

   

Por su parte, muchos expertos en educación no respaldan esta medida si no va acompañada de otras más estructurales. Así, José Beltrán, profesor titular de Sociología de la Educación de la Universidad de Valencia apunta que la autoridad del profesor es algo que no se puede imponer por decreto, que esto «no tiene ningún sentido».  

    

Como vemos, aunque no existe un consenso alrededor de este tema ni de esta ley, sí que podemos observar algunas líneas comunes entre las diversas opiniones. La ley es un posible primer paso hacia la solución de los problemas de autoridad dentro del aula pero siempre que vaya aparejada de otras medidas más estructurales. Una ley por sí sola no puede conseguir cambiar la situación dentro de un aula y devolverle por decreto la autoridad moral al profesorado. De tal modo, como apunta Carmen Abengózar, profesora de Psicología de la Educación, entre las medidas aparejadas «sería necesaria una mayor formación de los profesores en resolución de conflitos», así como «un cambio en los contenidos del sistema educativo» de modo que resultasen «más atractivos» para los alumnos.  

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